Por Nadia Sierra Campos
En los últimos días, más allá de lo que se comenta en las redes sociales o en voces de molestia que escuchamos sobre la escasez de gasolina, también ha sonado fuerte en medios de comunicación impresos y digitales temas como: #seguridadsinguerra, #noalamilitarización, #pazyseguridad, #nosinnosotras. Y es que se dicute por nuestros representantes populares (diputadxs federales, senadoras y senadores) la modificación a 13 artículos de la Constitución mexicana que pretenden dar regulación a la Guardia Nacional.
Cabe aclarar que esa Guardia no es un asunto nuevo, ni que haya planteado crear el actual presidente de México; ya existía constitucionalmente, sólo que no tiene una reglamentación clara, pero tampoco se le había dotado de extra facultades que les permitieran a las fuerzas armadas (ejército y marina) actuar en labores de seguridad ciudadana o seguridad pública y menos, durante tiempos de paz (artículo 129.
Y es que seguramente este es un tema complejo, que divide y que confronta. Por un lado, estamos quienes aseguramos que un militar o un marino no generan certeza alguna de que hay seguridad en las calles, o ¿acaso no les ha pasado que ven un tanque del Ejército circulando cerca y se preguntan en qué momento se sueltan los balazos? Pero también están, con fundadas razones, quienes ante el hartazgo de las fechorías y crueles delitos que comete la delincuencia organizada piensan que es mejor que el ejército tome el control e incluso “mate a todxs”. Las vivencias y experiencias son muchas, pero la solución tiene que ser mayor e integral, mirando las atrocidades y aciertos, documentando los casos de éxito y fracaso.
Desde hace por lo menos dos, sexenios las mujeres venimos señalando puntualmente el impacto que tiene la lucha contra la delincuencia organizada, el funcionamiento de la seguridad pública y ciudadana, y la relación entre actores armados, sean estatales o no, y las mujeres.
Gracias a ese esfuerzo, la ciudadanía se ha enterado de las incontables violaciones sexuales hacia niñas y mujeres (ahí está el reciente sentenciado caso “Atenco” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos); del sufrimiento de las viudas, madres, novias, hijas, amigas que lloran la muerte de sus parientes, compañeras/os asesinadas/os o desparecidas/os en un conflicto que aún no encuentra fin; de las resistencias que enfrentan mujeres indígenas, campesinas y líderes rurales que defienden sus tierras y territorios; de las defensoras de derechos humanos que protestan contra la militarización, pero que sobre todo no encuentran respuesta alguna de seguridad por qué no la hay.
Por supuesto que se discute un plan emergente y urgente de seguridad, pero aún no se voltea a mirar a la mujeres. A esas 8,500 que en los últimos 9 años han sido desaparecidas, a las más de 10 mil que han sido asesinadas en los últimos 5 años, y a las otras tantas miles a las que la justicia no les ha hecho caso frente a las diversas violencias de género.
Si ya sabemos que la presencia de las fuerzas armadas no genera seguridad para ellas (nosotras) y por el contrario, tenemos testimonios como el de Valentina Rosendo Cantú o Inés Fernández Ortega, que fueron torturadas sexualmente por militares ¿por qué insistimos en un plan que los incorpore a “garantizar seguridad”?

No tengo la respuesta concreta, pero sí el trabajo decidido que diversas organizaciones de la sociedad civil como este Colectivo hemos encaminado a través de lo que denominamos Red Seguridad, Justicia y Paz para las Mujeres, en la que tenemos claro que requerimos un carácter eminentemente civil de una guardia nacional que realice las labores de seguridad pública y ciudadana.
Ayer (16 de enero de 2019) se avaló la reforma sin nuestra visión y aportes en la Cámara de Diputadxs; próximamente será discutida y votada en el Senado. Es importante que todas las mujeres, con conocimiento de causa o no, sean o hayan sido víctimas o no, con miedo o sin miedo, se sumen a nuestras voces y peticiones. Seguridad y justicia sin perspectiva de género harán que esas violencias machistas de todo tipo sean y sigan quedando impunes, pero sobre todo, que las mujeres sigamos ausentes en todo sentido.
La memoria histórica y lo que han padecido miles de mujeres en este país no debe repetirse, sufrimos las consecuencias de un combate fallido a la delincuencia organizada, de expedientes cargados de impunidad, de silencios no resueltos, pero sobre todo, arrastramos en nuestras conciencias el temor de si mañana no sucederá algo igual a mi hermana, la vecina, la compañera de trabajo o a la mujer que no conocemos que va en el autobús camino a su trabajo.
Sin duda, seguridad sin guerra no sólo significa que las fuerzas armadas no tomen control de los espacios públicos, sino implica que un plan integral de seguridad no puede ir sin el aporte de la otra mitad de la población, las mujeres, que aspiramos a la paz pero sobre todo a ejercer en todo sentido ese derecho de vivir libres de violencia y discriminación.
Tratemos de no ser indiferentes ante un tema tan sentido y vivido día a día. No es la discusión de aquéllos, es el debate de nosotras, con nosotras y para nosotras. Que la apatía y el desconocimiento no nos ganen.